Cada vez hay más indicios de que la prevalencia de determinadas circunstancias sociales y económicas provocan que algunas comunidades y grupos sufran una exposición desproporcionada a los peligros ambientales, soporten una parte no equitativa de los costes asociados a la política ambiental y enfrenten más obstáculos para participar en el mundo de la toma de decisiones en materia de medio ambiente.